La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) respaldó varias medidas legislativas dirigidas a atender procesos de investigación, planificación de auditorías y modernización del registro de contratos gubernamentales bajo la jurisdicción de la agencia.
Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Víctor Parés Otero, la contralora Carmen Vega Fournier presentó la posición de la OCPR sobre el Proyecto de la Cámara 1263, el Proyecto de la Cámara 1264 y el Proyecto del Senado 808.
Sobre el Proyecto de la Cámara 1263, Vega Fournier sostuvo que la medida refuerza el marco legal vigente al proveer una herramienta para promover la comparecencia de testigos y la entrega de información en procesos de auditoría, sin depender exclusivamente de mecanismos penales.
La propuesta, de la autoría del representante Parés Otero, busca enmendar la ley orgánica de la OCPR para imponer sanciones relacionadas con costas y honorarios de abogados cuando un foro judicial determine que una persona testigo actuó de forma frívola o temeraria al no comparecer a una entrevista o no entregar documentos requeridos durante una investigación.
“Este remedio no sustituye el marco penal existente, sino que lo complementa al viabilizar consecuencias inmediatas dirigidas a fomentar la colaboración oportuna y evitar dilaciones que afectan la eficiencia de las auditorías”, precisó la contralora ante la comisión.
En cuanto al Proyecto de la Cámara 1264, que propone establecer una plataforma uniforme para la creación y registro de contratos gubernamentales, Vega Fournier afirmó que la medida representa un “avance significativo” en términos de fiscalización preventiva y acceso a la información.
A preguntas del representante Parés Otero, la contralora señaló que la OCPR no tiene visibilidad sobre la totalidad de los contratos gubernamentales debido a que el proceso de registro se realiza, a su juicio, de “la forma más arcaica”.
Vega Fournier explicó que los contratos se completan de forma impresa y luego son cargados en la plataforma de la OCPR como documentos en formato PDF. Añadió que, cuando un contrato requiere enmiendas, el proceso puede demorar su registro hasta una semana.
La contralora indicó que la ley orgánica de la OCPR exige que el registro de contratos se realice en un término de 15 días. Según planteó, una plataforma que facilite la trazabilidad de los documentos, desde su creación hasta su registro, contribuiría a mejorar los mecanismos de control y transparencia.
Vega Fournier informó que la plataforma requeriría una inversión aproximada de $3 millones, fondos que, según dijo, están disponibles en el presupuesto de la agencia. No obstante, sostuvo que la herramienta deberá desarrollarse de forma gradual y con capacitación para el personal de las entidades públicas.
“Al integrar un sistema centralizado e inteligente, el Estado instituye un mecanismo que permite un cien por ciento de corroboración en los datos de cada acuerdo formalizado”, puntualizó el representante Parés Otero, quien propuso que la plataforma esté disponible para las tres ramas de gobierno y los municipios.
Durante la vista, la contralora también abordó señalamientos sobre el posible impacto de la medida en la autonomía municipal. Según Vega Fournier, la legislación no alteraría la autoridad de los alcaldes sobre los contratos que generan, sino que pretende “eliminar el papel”. La preocupación fue planteada por la Federación de Alcaldes en una ponencia escrita, según se indicó en la vista.
Por otro lado, la contralora respaldó el Proyecto del Senado 808, al señalar que logra “un balance adecuado” entre la política pública de garantizar la fiscalización periódica y la necesidad de permitir una planificación estratégica de auditorías.
La medida propone que la OCPR tenga discreción para establecer, conforme a sus recursos y al Plan Anual de Auditorías, la frecuencia de las auditorías a las operaciones fiscales de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Actualmente, la ley orgánica de la OEG dispone que sus operaciones fiscales sean auditadas y examinadas por la OCPR, al menos, una vez cada dos años. Sin embargo, la pieza legislativa plantea que la OCPR ha enfrentado una reducción considerable de personal en los últimos años, particularmente en el área de auditorías.
“La efectividad del proceso fiscalizador depende, en gran medida, de la capacidad de priorizar áreas de riesgo, de atender oportunamente situaciones relevantes y de administrar adecuadamente los recursos disponibles”, comentó Vega Fournier.
“En conjunto, estas medidas reconocen que una fiscalización efectiva requiere más que autoridad legal; requiere herramientas adecuadas, acceso oportuno a información y estructuras que promuevan la prevención y la rendición de cuentas”, agregó.
De la vista pública también participaron los representantes Lisie Burgos Muñiz, Adriana Gutiérrez Colón y Ricardo Ocasio Ramos.
