EL CAPITOLIO – La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Tortes García, realizó hoy su tercera vista pública para atender el Proyecto de la Cámara 3, que busca derogar la Ley 4-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”.
“La pasada Asamblea Legislativa adoptó una política pública punitiva, centrada en menoscabar los derechos de la clase obrera como la principal estrategia gubernamental para promover la creación de empleos. Esto significa que, ante la incapacidad del Estado para promover un clima adecuado de inversión, reducir los costos operacionales para hacer negocios y simplificar la estructura existente para la concesión de permisos, la respuesta fue penalizar al sector más vulnerable dentro de la estructura laboral: los trabajadores y trabajadoras. Queremos buscar un término medio y llegar a un balance de patrono/empleado para ver si podemos trabajar algún Código Laboral”, sostuvo el presidente de la Comisión, Torres García.
A la vista pública compareció el presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de PR (CAAPR), Charles Zeno Santiago, acompañado de Félix J. Bartolomei Rodríguez; y Francisco Montalvo Fiol de la Coalición del Sector Privado (CSP).
“Es la posición del Colegio que la Reforma Laboral de 2017 fue un proceso apresurado que se legisló con un inmenso cabildeo de las organizaciones que representaban solo al sector patronal, incluyendo el propio secretario del Trabajo de ese entonces”, expresó el CAAPR, quien endosa el Artículo 19 del Proyecto de la Cámara 3 por entender que les hace justicia a los trabajadores de la empresa privada en el país al restituirles los derechos adquiridos previos a la Ley Núm. 4-2017.
El CAAPR explicó que “las cifras ajustadas estacionalmente sobre la situación de empleo y desempleo para diciembre de 2020 muestran una reducción en el nivel de empleo y un aumento en el número de desempleados, así como la tasa de desempleo al compararla con noviembre de 2020. Por otro lado, la población civil no institucional de 16 años y más para diciembre de 2020 fue estimada en 2,565,000 personas. Esta cifra representó una reducción de 4,000 personas al comparar con noviembre de 2020 (2,569,000). Con relación a diciembre de 2019 (2,618,000) la población reflejó una disminución de 53,000 personas. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en diciembre de 2020 fue de 9.1%. Esta tasa representó un aumento de 0.6 punto porcentual al compararla con la registrada en noviembre de 2020 y diciembre de 2019 (8.5%). La tasa de participación no ajustada estacionalmente para diciembre de 2020 se ubicó en 39.7%. Esta representó una baja de 0.1 punto porcentual al comparar con noviembre de 2020 (39.8%) y de 0.3 punto porcentual en relación a diciembre de 2019 (40.0%)”.
A su vez, añadió que “la situación se agrava con la pandemia del COVID-19, que ha ocasionado una crisis sanitaria y daños económicos irreparables en el mundo. En los Estados Unidos la economía tendrá su peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años treinta. Algunos economistas vaticinan que el Producto Nacional Bruto sufrirá una contracción el doble de la sufrida durante la recesión de 2008-2009”.
Aunque el CAAPR favorece eliminar el esquema establecido en la Ley Núm. 4-2017, indicaron que lo más razonable es establecer una mesada fija de 3 meses de sueldo y una indemnización progresiva de dos semanas por cada año de servicio para aquellos empleados que trabajaron de 1 a 15 años; y una mesada de 6 meses de sueldo; y una indemnización progresiva de tres semanas por cada año de servicio para aquellos empleados que trabajaron por más de 15 años.
En cuanto al estatus de probatoria de trabajo, el CAAPR dice que “nos parece que es razonable, tanto para el patrono como para el empleado, un periodo de 3 meses para todos los empleados y 6 meses a los empleados clasificados como ejecutivos, administradores y profesionales bajo la Ley Federal de Normas Laborales y reglamentación del Departamento del Trabajo 8 y Recursos Humanos”.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Derecho Laboral mencionó que “con la Reforma Laboral, la juventud es a la que más ha sido impactada. “Hay que ser consciente. Nuestros jóvenes están en una situación precaria”. Por su parte, Bartolomei Rodríguez afirmó que “el grupo de mayor de desempleo del país, es el de 16-26 años de edad”.
De otra parte, la Coalición del Sector Privado reconoció que el tema de la Reforma Laboral ha estado rodeado de controversias desde la aprobación de la Ley 4. Sin embargo, sostuvo que “gran parte de las controversias se deben a la repetición de información incorrecta y a una seria falta de datos confiables”.
“Derogar esta ley implicaría dar vuelta atrás a la “Ley de Cierre”, la cual ahora permite al comercio abrir los domingos y otros días feriados en su horario regular. Esto implicaría que los empleados puertorriqueños cobrarían menos en su nómina, esto debido a que los 7,296 establecimientos que cerrarían los domingos o reducen horas en la semana emplean alrededor de 102,697 personas, lo cual se traduce en $7.6 millones de dólares en nómina que los empleados no cobrarían por cada domingo”, expresó Montalvo Fiol, quien además indicó que la Reforma Laboral fue lograr un bien común: una economía robusta y creciente.
También, en la vista pública estuvo presente Ángel R. Comas Nazario, psicólogo del Trabajo y las Organizaciones de la Asociación de Psicología de PR (APPR); y Yafet Torres de la Federación de Trabajadores de PR/ALF-CIO.
“En el 2017, la administración pasada impuso la Ley 4 como marco laboral a un país que apenas garantizaba empleos con condiciones dignas. La crisis de empleo que produce las legislaciones neoliberales fomenta la precariedad laboral y, en consecuencia, la pobreza”, manifestó Comas Nazario.
La APPR entiende que este Proyecto tiene un propósito loable de rescatar los beneficios asociados al empleo tradicional que fueron trastocados en la Ley 4-2017. “Exhortamos a esta Comisión a que analice las profundas transformaciones del empleo debido a la proliferación de plataformas digitales”, expresó Comas Nazario, quien considera un asunto urgente derogar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.
Por su parte, Torres indicó que su organización se opuso desde un principio a esta ley. “No podemos tener dos categorías distintas en donde los trabajadores de uno de los grupos tengan menos derechos y protecciones que otros. Legislar para cortar beneficios para, supuestamente, atraer nuevas empresas que originen nuevos empleos sin estudios que lo sostuvieran, es un acto de irresponsabilidad”.
La Federación de Trabajadores de PR, AFL-CIO y en representación de más de 40 mil trabajadores y trabajadoras, se expresó a favor de que se elimine la Reforma Laboral.
Al concluir, el director ejecutivo de la Unión de Empleados de Salud (ULEES), José O. Alverio, dijo que la Ley 4-2017, es una burla al pueblo de PR, especialmente a la clase trabajadora que, inclusive, contiene acciones ilegales. A su vez, sugirió que el bono de navidad se debe volver a la ley que existía antes de la Ley 4-2017, la que incluye la acumulación de 700 horas trabajadas; que las licencias por vacaciones y enfermedad deben por lo menos volver a lo que había antes de esta ley; y que el periodo de probatorio sea de 3 meses.
