El Capitolio – La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) reconoció este martes que un aumento de sueldo de $200 mensuales prometidos para los alguaciles y otros empleados de la Rama Judicial de Puerto Rico no fue contemplado en el plan fiscal 2021-2022 que entró en vigor el 1 de julio.
Las declaraciones de la agencia surgieron durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes para atender el Proyecto de la Cámara 504 (PC 504) que persigue incluir a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial como servidores públicos de alto riesgo en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.
La licenciada Giselle Rosa González, portavoz de la OAT, explicó que el Poder Judicial hizo el acercamiento a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el aumento de sueldo se incluyera en el presupuesto vigente, pero el ente fiscal no aprobó la cantidad necesaria.
A preguntas del representante Domingo Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Labores, la funcionaria admitió que los empleados no han sido notificados de que el aumento no será efectuado. El legislador requirió que la OAT envíe hoy una comunicación escrita a los trabajadores para que tengan conocimiento de la situación.
“Los empleados no lo saben. Ellos esperaban en esta quincena ese aumento de 200 dólares. Le voy a pedir que les notifique a los empleados que el aumento no va”, exigió Torres García.
En la primera vista pública sobre el PC 504, un grupo de alguaciles indicó a la comisión cameral que hace 10 años estos funcionarios no reciben un aumento de sueldo. Actualmente, el sueldo base de los cerca de 750 alguaciles que componen la Rama Judicial es de $1,720 mensuales.
“Hoy, cuando usted salga de aquí, notifique a ellos para que conste que no estén pensando renovar su auto; que no estén pensando pintar sus casas, porque no hay aumento en este año fiscal para los alguaciles en Puerto Rico”, exigió la vicepresidenta de la Cámara, Lydia Méndez Silva.
Los alguaciles de la Rama Judicial también reclamaron que no se beneficiaron de un incentivo de $2,000 anunciado el pasado año como parte de las ayudas económicas en medio de la pandemia del COVID-19. Según los trabajadores, la Rama Judicial recibió el dinero, pero solo un aproximado de 60% de los alguaciles recibió el incentivo.
En su testimonio, el alguacil auxiliar Celso Fuentes, adscrito a la región de Aibonito, informó que la mayoría solo obtuvo $400 y una “ínfima parte” recibió el dinero en su totalidad. No obstante, Rosa González dijo hoy que el incentivo fue otorgado a los empleados de la Rama Judicial que trabajaron presencialmente durante el cierre del gobierno por el COVID-19.
La portavoz mencionó que la ayuda económica se distribuyó de acuerdo con las horas trabajadas presencialmente por los empleados desde el inicio de la emergencia en marzo de 2020. “A partir de 7.5 horas laborables durante ese periodo, se honró ese trabajo. A medida que mayor trabajo presencial llevó a cabo el empleado, mayor el incentivo hasta el tope de 2,000 dólares”, sostuvo Rosa González.
En cuanto al PC 504, la OAT se expresó a favor de considerar a los alguaciles como servidores públicos de alto riesgo merecedores de los beneficios de jubilación que disfrutan otros funcionarios del orden público. Según la licenciada, un aproximado de 88 alguaciles se beneficiarían de la aplicación de la ley, lo cual forma parte de un reclamo continuo de parte de estos funcionarios.
La pieza legislativa busca enmendar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno para disponer que estos funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio.
Por su parte, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura rechazó hoy la pieza legislativa por considerar que resultaría en un impacto económico en la partida presupuestaria destinada para el pago de las pensiones.
El administrador Luis Collazo Rodríguez argumentó que los aumentos en los beneficios de los alguaciles tendrían una repercusión “inmediata” en la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas, así como en el presupuesto operacional de la Rama Judicial en caso de que se necesite reemplazar nuevos alguaciles ante el retiro anticipado de los funcionarios.
Sin embargo, Collazo Rodríguez reconoció que la Administración no cuenta con un análisis actuarial para determinar de cuánto sería el impacto económico, lo que resultó en cuestionamientos de los legisladores por la “falta de fundamentos” para asumir una postura en contra del proyecto.
El presidente de la comisión requirió que la Administración efectúe el estudio actuarial para ser entregado el próximo 5 de agosto. El análisis debe incluir, además, un listado de la cantidad de alguaciles con sus edades y años de servicio.
“¿Necesitamos que esos 750 alguaciles estén en sillas de ruedas para nosotros hacerles justicia luego de 30 años de servicio?”, impugnó el representante Luis Pérez Ortiz. “Nosotros necesitamos estadísticas, y yo quiero que usted abunde más en las estadísticas”.
Pese a que destacó la “buena intención” de la medida, el administrador insistió que el hecho de que la profesión del alguacil conlleve un elemento de peligro no significa que las funciones realizadas deban ser consideradas y clasificadas como de alto riesgo.
Torres García defendió el pedido de los alguaciles, quienes durante la pasada vista pública desglosaron a la comisión cameral una diversidad de peligros que enfrentan continuamente al llevar a cabo sus funciones.
“Son jefes de familia, como son los efectivos de la Policía de Puerto Rico que salen de sus casas y no saben si regresan, porque no saben a lo que se van a enfrentar. Por eso, y otras circunstancias, es que se está llevando a cabo este proceso de vistas públicas y este proyecto”, manifestó el legislador.
