EL CAPITOLIO – Organizaciones que representan el sector manufacturero en Puerto Rico expresaron este lunes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes su rechazo a una medida que persigue atender la transición a un nuevo régimen contributivo para las entidades sujetas al ordenamiento de la Ley para Establecer un Impuesto a las Corporaciones Foráneas (Ley 154-2010).
Se trata del Proyecto de la Cámara 1367 (P.C. 1367), que, al igual que la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de la Cámara 1345 (P.C. 1345), establece un régimen contributivo con una tasa de contribución sobre el ingreso de desarrollo industrial (IDI) de 10.5%, el cual podría aumentar a 15% bajo ciertas circunstancias.
Pese a que el Departamento de Hacienda (DH) recomendó la continuación del trámite legislativo únicamente del P.C. 1367, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, en inglés) presentaron ponencias en “total desacuerdo” con la política fiscal propuesta en la pieza.
El presidente de la AIPR, Carlos Rodríguez, explicó que el P.C. 1367 causaría que varias de las empresas sujetas a la Ley 154 resulten con cargas impositivas menores por potencialmente cientos de millones de dólares. Asimismo, afirmó que, de aprobarse la medida, aumentaría sustancialmente la carga impositiva a unas pocas empresas “en forma tal que estas subsidien la pérdida de recaudos en otras”.
“El cambio de un régimen que ya ha discriminado contra ciertos tipos de empresas ahora será cargado artificialmente hacia un grupo todavía menos de empresas para mantener el sustento de recaudos gubernamentales. Eso solo no es equitativo, sino que agudiza la deficiente política fiscal establecida ya por la Ley 154”, sostuvo Rodríguez.
En su ponencia escrita, AIPR solicitó que se añada en ambos proyectos un lenguaje que contemple la posibilidad de que haya cambios contributivos fuera de Puerto Rico, que le pudiesen permitir a la isla aumentar sus tasas contributivas.
“Nos referimos a potenciales enmiendas a las disposiciones del GILTI (Global Intangible Low Taxed Income) en el Código de Rentas Internas Federal y cambios que se contemplan como parte de iniciativas internacionales fomentadas por la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Las disposiciones incorporadas en ambas medidas (P.C. 1367 y P.C. 1345) son remediables, justificables únicamente como parte de un proceso temporero transicional, y deben ser reemplazadas tan pronto como sea posible con medidas de sana política fiscal cónsonas con recomendaciones incorporadas al Informe al Gobernador”, indicó Rodríguez.
“Lo contrario sería públicamente aceptar y reafirmar que Puerto Rico, como jurisdicción de inversión comercial, prácticamente cada 10 a 12 años es capaz de pretender aumentar la carga impositiva a un puñado arbitrario y cada vez más reducido de empresas en lugar de tener la voluntad de diseñar un régimen contributivo sustentable”, añadió.
Con los señalamientos de Rodríguez coincidió el vicepresidente de operaciones de la PIA, Rafael Castro, quien destacó que la legislación propuesta bajo el P.C. 1367 está basada en un modelo que solo contempla cuatro posibles escenarios y que no provee para un límite máximo de carga contributiva. Además, no proporciona exenciones ni créditos en el contexto de las contribuciones sobre las regalías.
“Recomendamos que la legislación incluya unos términos administrativos más estrictos, similares a los que fueron propuestos en el P.C. 1345, de forma tal que podamos asegurar que, una vez aprobada la legislación recibamos la aprobación del Tesoro Federal para tranquilidad de aquellas empresas sujetas a tributación de los Estados Unidos”, dijo Castro.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) igualmente mostró preocupación con la fórmula propuesta en el P.C. 1367, pues algunos de sus socios han destacado que los cuatro renglones resultan “demasiado onerosos” y podrían afectar las inversiones futuras de estas empresas en la isla. Las tres organizaciones concordaron en que endosarían una medida que provea un alivio más sustancial a estas empresas, por lo que debería estar alineada a lo provisto en el P.C. 1345.
Componente fiscal del gobernador defiende el Proyecto 1367
Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aseguró que el P.C. 1367 considera los potenciales cambios que pudieran ocurrir en un futuro cercano con respecto a las propuestas hechas por la administración del presidente Joe Biden, para lograr proteger la permanencia de las empresas manufactureras en Puerto Rico.
Actualmente, las entidades sujetas al régimen de la Ley 154 acreditan un arbitrio -que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000- contra sus obligaciones contributivas bajo el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. “No obstante, en septiembre de 2020, el Departamento del Tesoro emitió reglamentación propuesta bajo las secciones 901 y 903 del Código Federal relacionadas con la acreditación de contribuciones pagadas en el extranjero y guías sobre la definición de una contribución sobre ingreso extranjero y un impuesto en lugar de una contribución sobre ingreso”, resaltó Parés Alicea.
“El P.C. 1367 mantiene indefinidamente el arbitrio, lo cual tendría el efecto de evitar que las arcas del gobierno de Puerto Rico se vean afectadas por las entidades que decidan, en su día, permanecer sujetas al régimen de la Ley 154”, anotó el titular, en una ponencia también firmada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
El componente fiscal reiteró que el P.C. 1367 propone un nuevo marco estatutario que alcanzaría las metas de neutralidad fiscal que requiere el Plan Fiscal, en concordancia con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según las agencias, los recaudos bajo la propuesta tasa de 10.5% serían aproximadamente $23 millones de impacto fiscal para el año fiscal 2023, mientras que para el año fiscal 2024 se recibirían alrededor de $193 millones en recaudos adicionales.
En el caso de una transición a la tasa de 15%, los recaudos adicionales ascenderían para el año fiscal 2023 aproximadamente $543.7 millones y para el año fiscal 2024 cerca de $750.7 millones, por lo que ambas cifras también estarían dentro de los parámetros del Plan Fiscal.
“Confiamos en que la propuesta expuesta en el P.C. 1367 ofrece una medida legislativa que no erosiona la estabilidad fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico. A la misma vez, es beneficiosa para la industria manufacturera, brindándole un mecanismo viable para llevar a cabo una transición del régimen de la Ley 154 y certeza en cuanto al nuevo régimen contributivo”, subrayó Parés Alicea.
La administración del presidente Biden ha propuesto una serie de cambios a las disposiciones federales aplicables a las entidades sujetas a la Ley 154, que incluyen modificaciones al régimen contributivo federal sobre el GILTI “para incentivar las operaciones en territorios de Estados Unidos”. Estas enmiendas aún se encuentran bajo discusión en el Congreso.
La vista pública contó también con ponencias del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, y el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Oscar E. Cullen.
