EL CAPITOLIO – El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José (“Conny”) Varela, junto al presidente Rafael “Tatito” Hernández y el representante Jessie Cortés Ramos presentaron hoy la Resolución de la Cámara 913, para que se investigue la situación económica de la Compañía de Fomento Industrial (conocida por sus siglas en inglés como “PRIDCO”), así como los procesos para privatizar su administración y los reclamos presentados por sus acreedores, entre otros temas.
Mediante la Ley 141-2018, la mayoría de las funciones de desarrollo económico, previamente asignadas a PRIDCO, fueron reasignados al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Desde entonces, la función de PRIDCO se ha limitado exclusivamente a la administración de los edificios y terrenos de la compañía, lo cual hace con los empleados asignados al DDEC.
En noviembre de 2022, PRIDCO comenzó un proceso de solicitud de propuestas para la privatización de la administración de las propiedades, el cual está en proceso. Mientras tanto, el 19 de enero de 2023 la compañía Goldentree Asset Management (“Goldentree”), acreedora de la gran mayoría de la deuda de PRIDCO, demandó a esta junto a la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), solicitando que se le ordene a PRIDCO pagar las cantidades pendientes y se nombre un síndico que se encargue de las propiedades de la compañía, entre otros remedios.
“Tanto la posible privatización de la administración de los activos de PRIDCO, como la demanda iniciada por Goldentree son asuntos que pueden tener consecuencias serias sobre el futuro de los bienes que el pueblo de Puerto Rico ha construido y desarrollado a través de décadas de esfuerzo”, indicó el representante de Caguas, Conny Varela.
“Sobre la privatización, es necesario preguntarse si es conveniente seguir la propuesta de PRIDCO, o en cambio considerar una reestructuración de todas aquellas agencias encargadas de manejar inmuebles propiedad del pueblo de Puerto Rico. Sobre la demanda de Goldentree, se hacen allí planteamientos muy serios sobre la forma en que se ha manejado la compañía, y sobre la validez de las leyes que establecieron la moratoria al pago de los bonistas, y la transferencia de los empleados de la AEE que no fueron a LUMA. Por eso, es necesario y urgente que la Cámara evalúe estos procesos”, concluyó el vicepresidente cameral.
