SAN JUAN – El senador William E. Villafañe Ramos presentó el Proyecto del Senado 1163 que busca crear la “Licencia Especial para Voluntarios y Líderes Comunitarios” en Puerto Rico. El objetivo de la medida es establecer requisitos y promover el desarrollo del Tercer Sector y las comunidades mediante el apoyo a las organizaciones sin fines de lucro y el voluntariado.
La ley propuesta permitiría a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva acumular un máximo de un día al año por licencia especial para voluntarios y líderes comunitarios. Para ser elegibles, los empleados deben haber trabajado al menos 130 horas mensuales durante un año y ser voluntarios o líderes en una organización sin fines de lucro o comunidad distinta a la entidad para la cual laboran.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, alrededor de 700,000 personas son servidas anualmente por el sector sin fines de lucro en Puerto Rico, abordando áreas como necesidades económicas, salud, educación, capacitación, necesidades básicas, recreación, deportes, arte, cultura y vivienda. En 2020, se estimó que 734,739 personas ofrecían tiempo voluntario a entidades sin fines de lucro, lo que representa un ahorro de $1,231 millones de dólares en salarios para el Gobierno de Puerto Rico.
“Este proyecto de ley reconoce el papel crucial de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y pretende alentar alianzas entre los sectores público y privado. Estas organizaciones desempeñan funciones que el Gobierno no puede realizar y benefician a comunidades que no tienen acceso adecuado a servicios gubernamentales”, señaló Villafañe Ramos.
La medida busca incentivar la participación en el voluntariado y resaltar el valor que aporta al bienestar común. Como un paso inicial, la ley aplicaría únicamente a empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y establece sanciones para aquellos que violen o descuiden el cumplimiento de sus disposiciones.
El legislador explicó que, de ser aprobada, esta ley se sumaría a los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico para integrar a las organizaciones sin fines de lucro en sus políticas públicas y garantizar el desarrollo socioeconómico y comunitario en el país.
