EL CAPITOLIO  – La medida que proponía realizar un referéndum para que los electores de Puerto Rico decidan si el gobernador debe ser electo con más del 50% de los votos fue derrotada hoy, martes, en la Cámara de Representantes.  

 

El proyecto sustitutivo de las Resoluciones Concurrentes de la Cámara 12 y 30 perseguía enmendar la sección 1 del Artículo IV y la sección 4 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico con el fin de establecer una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato haya recibido más del 50% de los votos durante la celebración de las elecciones generales. 

 

La legislación, presentada por la Comisión del Derecho Constitucional Puertorriqueño, recibió el respaldo de algunos representantes del Partido Popular Democrático (PPD), las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como el legislador independiente Luis Raúl Torres Cruz. 

 

Mediante el proceso de listas, la medida recibió 20 votos a favor y 28 en contra. Fue rechazada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Proyecto Dignidad (PD) y nueve legisladores del PPD, incluyendo al presidente cameral Rafael Hernández Montañez. 

 

El proyecto necesita 26 votos a favor para ser aprobado en la Cámara de Representantes. 

 

“En el día de hoy, nosotros estamos proponiendo que se enmiende la Constitución de Puerto Rico. Las circunstancias políticas, económicas y sociales del 1952 no son las mismas que el año 2023”, dijo el presidente de la comisión, José “Conny” Varela Fernández, durante su presentación del informe positivo de la medida. 

 

En su turno, Varela Fernández detalló la disminución dramática que se ha reflejado en el apoyo a los gobernadores electos en los últimos cuatrienios. Precisamente, Pedro Pierluisi, actual mandatario, recibió un 33% de los votos durante las elecciones generales del 2020, siendo el gobernador electo con menos cantidad de votos en Puerto Rico. 

 

“Para el bien de la democracia, para el bien de la gobernanza del país, la persona que sale electa gobernador de Puerto Rico tiene que tener un mandato claro, contundente, y debe tener sobre el 50 por ciento (de los votos)”, expresó Varela Fernández. 

 

“En esta presentación estamos diciéndole al país que va a tener la oportunidad de expresarse en una segunda vuelta de ninguno de los candidatos (a la gobernación) en el día de la elección no haya obtenido más del 50 por ciento”, abundó. 

 

Mientras tanto, el portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, fue uno de los legisladores que tomaron turnos para manifestar su oposición a la medida al señalar que solo tres gobernadores en Puerto Rico han sido electos con más del 50% de los votos. 

 

“Tres gobernadores han sido electos con más del 50 por ciento de los votos. Tres gobernadores. El resto, ¿se les ha cuestionado la legitimidad? No”, puntualizó Méndez Núñez. “Queremos darle un segundo ‘chance’ a los casi casi ganadores”. 

 

A esta postura se unió Burgos Muñiz, quien sustentó que en una segunda vuelta podrían participar una cantidad de electores menor a la primera cuando quedan partidos fuera del escenario político, principalmente, por no sentirse representados.

 

“Creo que, siendo responsable con nuestra realidad electoral y social, una segunda vuelta no resuelve el problema de que cada vez más el electorado y los nuevos electores no ven como opción el bipartidismo”, afirmó la portavoz del PD. 

 

Por su parte, el portavoz de MVC, José Márquez Reyes, aseguró que el proyecto busca hacer una “actualización constitucional y democrática de acuerdo a lo que ha sido la evolución del electorado y la realidad política”. 

 

“Si no es ahora, me parece que va a ser en el próximo cuatrienio o en algún momento. El tiempo va a obligar a tener una Constitución a tono con las circunstancias políticas, sociales y electorales de Puerto Rico. Es lo que exigen los cambios”, indicó.

 

El portavoz del PIP, Denis Márquez Lebrón, compartió el respaldo a la medida al describirla como un mecanismo para “ampliar” los conceptos de la democracia. “Parte del proceso legislativo es consignar el voto e indicarle al país qué posición uno tiene sobre procesos electorales y procesos constitucionales, y yo lo consignaré votando a favor de la medida”, comunicó. 

Defienden nueva Reforma Contributiva 

Por otro lado, el pleno aprobó con 44 votos a favor y cuatro en contra un proyecto que da paso a una nueva Reforma Contributiva para, entre múltiples objetivos, establecer una nueva escala de contribución sobre ingresos para individuos. 

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, presentó un informe a favor de la medida explicando que el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 251, 561, 1576, 1602, 1645 y 1760 “protege a nuestros individuos; promueve la inversión y la actividad económica necesaria para tomar iniciativas que simplifiquen el sistema contributivo actual, alivien la carga contributiva a individuos y a comercios, y mejoren la captación”.

Al mismo tiempo, destacó que la Reforma provee un ajuste por inflación o de costo de vida para la escala de contribución sobre ingresos; reduce la tasa contributiva de las corporaciones haciendo justicia a las pequeñas y medianas empresas (PYMES); y simplifica la contribución sobre ingresos de las corporaciones. 

Santa Rodríguez añadió que el informe que considera el impacto fiscal del proyecto sustitutivo es resultado del esfuerzo de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). 

“Este informe de la OPAL es una muestra de la eficiencia, responsabilidad y serio análisis de un organismo creado en esta Cámara de Representantes para garantizar la sana administración de los fondos públicos. En él se puede observar que se identificaron 655 millones de dólares que podrán ser puestos en las manos de todos los puertorriqueños”, resaltó el presidente de la Cámara.  

Sobre los beneficios de la legislación, Hernández Montañez abundó que, en el caso de los individuos, los ingresos netos sujetos a contribución se amplían a $81,500. Por otra parte, el crédito para personas mayores de 65 años se aumentará a $400 y se introducirá un ajuste por costo de vida a la escala de contribución sobre ingreso de individuos, deducción y exención. 

Respecto a las corporaciones, se reduciría la tasa contributiva para hacerle justicia a las PYMES. “Este documento es claro, y representa un cambio de paradigma de cómo, desde la Asamblea Legislativa, se puede trabajar para que se haga un buen uso de los recursos del Estado y se ofrezcan mejores servicios a la ciudadanía”, sostuvo Hernández Montañez.