EL CAPITOLIO  – La Comisión de Desarrollo Económico realizó una vista pública con el fin de atender una medida que busca enmendar la “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”. 

 

El Proyecto de la Cámara 432, propone incluir las empresas o microempresas creadas por residentes de vivienda pública en Puerto Rico, como elegibles para un porcentaje de preferencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno. 

 

Además, busca disponer que el caso de servicios sea de hasta un cinco por ciento, mientras que en la adquisición de artículos producidos, envasados, ensamblados o que constituyan productos de Puerto Rico de una empresa de residentes de vivienda pública, sea de hasta un cuatro por ciento. 

 

Los residentes de vivienda pública constituyen un sector de la población que requiere estímulo y apoyo gubernamental en la creación de nuevas empresas que brindan empleos a sus vecinos y, junto a las agencias gubernamentales encargadas de capacitar con múltiples empresas de residentes de vivienda pública, se requiere un apoyo adicional utilizando recursos de compras de bienes y servicios por parte de las agencias de gobierno”, sostuvo el presidente de la Comisión, Jesús Hernández Arroyo.

 

La presidenta del Centro Unido de Detallista (CUD), Lourdes Aponte Rodríguez, enfatizó que la inclusión de empresas creadas por residentes de vivienda pública es una medida que refuerza el compromiso social del gobierno y todos los sectores.

 

“Esta enmienda no solo favorece el desarrollo económico, sino que también promueve la equidad, ofreciendo oportunidades a sectores históricamente desfavorecidos”, manifestó Aponte Rodríguez.

 

A su vez, Aponte Rodríguez apuntó que, al potenciar las microempresas y empresas locales, se fortalece toda la cadena productiva, desde proveedores hasta consumidores, generando un ciclo económico saludable y beneficioso.

 

“Apoyamos toda medida que sea de beneficio para la clase trabajadora del país”, indicó la funcionaria, quien planteó que una de las metas del CUD es que las personas sean autosuficientes y que puedan tener una dependencia económica.

 

Por su parte, la administradora auxiliar de la Administración de Servicios Generales (ASG), Hilda Rivera Colón indicó que la medida en discusión representaría una dualidad sobre aspectos que actualmente están contenidos en la “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”. 

 

“Nuestra agencia, como responsable de realizar compras en el Gobierno de Puerto Rico, entiende que es necesario que se promueva y se ponga en ejecución distintas leyes de preferencias para así lograr un verdadero desarrollo económico para nuestro país al fomentar y fortalecer la industria local”, expresó Rivera Colón. 

 

Al concluir, el legislador Hernández Arroyo resaltó que continuará analizando todas las opiniones y recomendaciones para que los residentes de vivienda pública puedan continuar trabajando en sus empresas. “Creo que la creación es el énfasis de crear oportunidades, pero una vez se crea, es importante que estos negocios puedan seguir operando eficientemente”, puntualizó.