La senadora por acumulación Ada Álvarez Conde pidió que la Comisión de Gobierno evalúe el Proyecto del Senado 848, que propone eximir a los hospitales privados de Puerto Rico de los cargos relacionados con las cláusulas de reconciliación en sus facturas eléctricas.
La medida, presentada el 6 de noviembre de 2025, permanece pendiente en esa comisión, según informó la legisladora. Su reclamo surge ante advertencias del sector hospitalario sobre posibles cierres y aumentos en las primas de los planes médicos por los costos de electricidad.
“Las propuestas están sobre la mesa desde hace meses. No podemos esperar a que un hospital cierre, reduzca servicios o que el costo termine trasladándose al paciente para entonces actuar. Desde noviembre del pasado año presentamos una alternativa concreta para aliviar la carga energética de nuestros hospitales. Lo que hace falta es que se evalúe y se atienda”, expresó Álvarez Conde.
Según el comunicado, la Asociación de Hospitales advirtió que los costos energéticos podrían llevar a las instituciones a negociar mayores reembolsos con las aseguradoras, lo que eventualmente podría traducirse en aumentos en las primas. El Colegio de Administradores de Servicios de Salud también alertó sobre posibles cierres de hospitales ante la presión económica.
El proyecto propone que los hospitales privados continúen pagando los cargos por cliente y consumo eléctrico, pero queden exentos de las partidas correspondientes a las cláusulas de reconciliación, incluidos los ajustes por combustible y compra de energía. Según Álvarez Conde, la propuesta permitiría destinar esos recursos a operaciones, equipos, infraestructura y servicios hospitalarios.
“Un hospital no es un comercio que puede cerrar sus puertas cuando aumenta la luz. Los ventiladores, las salas de operaciones, los equipos de diagnóstico y las unidades de cuidado intensivo necesitan electricidad las 24 horas. Cada dólar adicional que se destina a la factura eléctrica es un recurso que deja de estar disponible para atender otras necesidades del sistema de salud”, señaló.
La legisladora indicó que el aumento vigente desde el 1 de octubre elevó aproximadamente un 18.5 % la tarifa del consumidor residencial de referencia. Añadió que los hospitales enfrentan incrementos no contemplados en sus presupuestos y que la inestabilidad del servicio los obliga a mantener generadores y adquirir combustible para continuar operando.
“No basta con reconocer que los hospitales están en dificultades. Tenemos que atender las propuestas que ya están radicadas. Mi proyecto busca ofrecer un alivio concreto a instituciones que son indispensables para la salud y la seguridad de nuestra gente. Exhorto a que se evalúe con urgencia, incluyendo su impacto fiscal y regulatorio, para determinar cómo podemos convertir esta propuesta en una herramienta real de apoyo”, añadió Álvarez Conde.
“Proteger nuestros hospitales también es proteger a los pacientes, a los profesionales de la salud y a las comunidades que dependen de ellos. No podemos permitir que el costo de la energía siga comprometiendo la estabilidad de servicios tan esenciales”, concluyó.
