El Capitolio – La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes inició este miércoles las vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 795 (P.C. 795), que busca prohibir mediante ley que un patrono despida, suspenda o “discrimine” a un empleado por no estar vacunado o negarse a ser vacunado contra el COVID-19.
La medida, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, crearía la “Ley para Prohibir el Discrimen en el Empleo por Razón de Negarse a ser Vacunado contra el COVID-19” en oposición a las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi que establecen la vacunación compulsoria tanto para empleados públicos como de la empresa privada.
En la primera sesión pública, la pieza legislativa recibió el respaldo de más de una decena de deponentes, en su mayoría integrantes del sector religioso, que denunciaron ser discriminados y hasta despedidos de sus empleos tras decidir no vacunarse contra el virus. Ese fue el caso de Aileen Pérez López, una trabajadora social licenciada que fue despedida de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter) en San Germán el pasado 1 de julio por no someterse a la directriz institucional de vacunación.
“Invalidaron mi derecho a decidir y basar mi decisión de no vacunarme por motivos de libertad de expresión y convicciones personales, sustentadas por data científica y debido a la etapa de experimentación en la cual se encuentra la vacuna”, expresó la deponente, quien laboró en ese recinto por 12 años como trabajadora social en el proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Alumno (Proyecto CASA).
Pérez López explicó como parte de su testimonio que no era empleada regular de la universidad, pues su contrato se renovaba anualmente de forma externa con el Departamento de Educación (DE). Sin embargo, señaló que la institución utilizó el vencimiento de su contrato el 30 de junio como un pretexto para despedirla por no estar vacunada contra el COVID-19.
La trabajadora social afirmó que de forma verbal le fue expresado, sus reclamos y alegaciones, que la razón para no proceder a renovar su contrato se debió a la decisión de no inocularse. A preguntas del representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, la deponente indicó que fue la única empleada del programa que decidió no vacunarse, por lo que el resto de los trabajadores continúan con sus empleos.
“Ya llevo unos meses desempleada por estos actos discriminatorios, y la búsqueda de empleo ha sido muy cuesta arriba… Es una situación que la viví, pero continúo teniendo secuelas para poderme reemplear en algún lugar”, impugnó Pérez López, mientras contó a la comisión cameral que “ha sido un proceso fuerte” estar sin empleo, principalmente, porque “amaba lo que hacía”.
“No estoy dispuesta a que sigan discriminándome por el simple hecho de no querer participar en un experimento de vacunación, con el pretexto de que solo así acabaremos con esta crisis de salud”, agregó.
El P.C. 795 dispone que cualquier patrono que violente las disposiciones de la ley vendrá obligado a compensar al empleado o solicitante de empleo afectado por una suma igual al doble del importe de los daños ocasionados; por una suma igual al doble de los salarios dejados de devengar; por los beneficios laborales dejados de percibir y por los honorarios de abogado. De igual forma, el empleado tendrá derecho a solicitar la restitución a su trabajo.
Burgos Muñiz manifestó en múltiples instancias su preocupación por la salud mental de las personas que han perdido sus empleos como consecuencia de no vacunarse contra el virus, al tiempo que reiteró que se trata de un asunto de violación de derechos humanos y constitucionales.
“He recibido, y quiero que quede para récord, llamadas de personas que quieren atentar contra su vida y hemos tenido que referirlas a profesionales de la salud para que atiendan esos casos. Esto ha exacerbado la salud mental del pueblo de Puerto Rico”, condenó la portavoz del Proyecto Dignidad (PD), quien radicó el proyecto el pasado 11 de mayo.
La legisladora tildó a los patronos de incurrir en acoso laboral contra empleados que no están inoculados al hacer referencia a la Ley 90-2020 que establece la política pública contra el acoso laboral en Puerto Rico.
“Aquí todo el mundo está violándole los derechos a todo el mundo. El Ejecutivo al pueblo, y los patronos violando las órdenes ejecutivas”, apuntó. “Esto es una ley en Puerto Rico que los patronos están ignorando, en crasa violación a los derechos que tienen los trabajadores”.
Investigarán caso de empleada pública
El presidente de la comisión cameral se comprometió en comenzar una investigación sobre el caso de María Matos Montalvo, una empleada de carrera por 28 años en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que fue obligada a abandonar el área de trabajo el pasado 1 de septiembre por no estar vacunada contra el virus.
En su testimonio, la deponente aseveró que, a pesar de no estar inoculada, había presentado esa semana una prueba negativa al COVID-19 en cumplimiento con las disposiciones de la orden ejecutiva. Sin embargo, ese día su supervisora, la directora de recursos humanos y la directora interina de Ayuda al Empleado le informaron que implementarían medidas disciplinarias contra la empleada de no retirarse.
Matos Montalvo aseguró que sufrió una crisis emocional en el lugar de trabajo y, hasta la fecha, no ha regresado a sus funciones. Al igual que Pérez López, era la única empleada en el área de trabajo que no estaba vacunada.
“Ese día, el Departamento de Transportación y Obras Públicas mató a esta empleada… Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie, simplemente porque tomé la decisión de no vacunarme. Porque no creo en esta en ninguna vacuna”, dijo la deponente en un estado de aflicción.
“Mi decisión es que no me voy a vacunar. Veo cruel que hagan ir a cualquier persona semanalmente a hacerse una prueba de COVID cuando, si a mí me lo exigen, a todos se los tienen que exigir, porque vacunados o no vacunados somos portadores”, sostuvo.
Torres García resaltó que tomará “jurisdicción” del caso y llegará a las “consecuencias que sean”. “Yo voy a hacer la investigación completa sobre el área de DTOP donde usted estaba trabajando, sobre su oficina, y yo le voy a dar respuestas a usted de lo que le sucedió. Y si las cosas estaban mal hechas, están mal hechas, y vamos a llegar a las consecuencias que sean”, expresó el representante del Partido Popular Democrático (PPD).
Científico recalca necesidad de vacunación
Por su parte, el doctor Aníbal Valentín Acevedo, catedrático auxiliar e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, rechazó la aprobación del P.C. 795 y enfatizó en que la vacunación es la medida para “regresar a la normalidad de nuestras vidas como la conocíamos antes de esta pandemia”.
“Exigir a los empleados – públicos y privados – que se vacunen, o condicionar su empleo o beneficios durante una pandemia o durante una emergencia de salud pública a estar vacunados, no es discrimen: es responsabilidad social y comunitaria”, puntualizó el científico, quien igualmente insistió en continuar con las medidas básicas de prevención, como uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico.
“El derecho de una persona a no vacunarse nunca debe infligir en el derecho de otros a mantenerse saludables, particularmente si por razones de salud no puede inmunizarse”, expuso.
