El Capitolio – La Portavoz Cameral de Proyecto Dignidad, Hon. Lisie J. Burgos Muñiz, radicó en el día de ayer el P. de la C. 1115 como medida anticorrupción a los fines de disuadir el uso de la figura jurídica del Fideicomiso para evitar el desvío de fondos y propiedades públicas obtenidas de manera ilícita. Además, esta Ley busca que los fondos o propiedades públicas recuperadas por el Gobierno de Puerto Rico, que una vez estuvieron en manos de corruptos, sean destinadas a mejorar los servicios que ofrece el Negociado de la Policía.
“De alguna forma tenemos que evitar que los funcionarios públicos y personas inescrupulosas de este país se apropien ilícitamente de fondos públicos. Tal y como hemos visto en los días recientes, los actos de corrupción son un mal corrosivo que laceran la gestión gubernamental de cualquier administración pública y la confianza de la ciudadanía. Lamentablemente, este mal persiste año tras año. El hecho de que personas, naturales o jurídicas, accedan a los bienes del gobierno de manera ilícita y se enriquezcan de manera injusta, provocan un atentado directo contra la democracia. Esto tiene que parar. Los actos de corrupción realizados por funcionarios, contratistas, exfuncionarios o terceros son tan graves que afectan la gobernabilidad del presente y dejan sus nefastas consecuencias a mediano y largo plazo. Estos actos de corrupción deben ser repudiados y condenados con todo el peso de la ley, pero también requieren de una legislación que mueva los cimientos de las estructuras que ha escondido la corrupción por muchas décadas.”, reaccionó Burgos Muñiz ante los más recientes actos de corrupción que vuelven a acaparar los medios de comunicación.
“No podemos permitir que la figura del Fideicomiso se utilice como patente de corso para esconder los fondos o propiedades adquiridas ilegalmente. La presente Ley busca allegar fondos recuperados de la anulación de Fideicomisos y de fondos rescatados de manos corruptas al Negociado de la Policía. El compromiso de esta Asamblea Legislativa debe ser erradicar la impunidad vis a vis fomentar que toda persona, natural o jurídica, actúe de manera que sus actos garanticen la sana administración pública.”, culminó la también Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
