La Mesa Social consideró que las intenciones de Departamento de Educación de consolidar escuelas por la baja en la matrícula de estudiantes tendrá un efecto catastrófico para estudiantes del sistema público.
La portavoz de la Mesa Social, Saimé Figueroa, expresó que “la consolidación es una alternativa totalmente errónea, (cuando) es el reclamo del magisterio y de los expertos en pedagogía y en educación especial que en este momento, luego del impacto negativo de las catástrofes en el aprovechamiento académico se hace necesario ofrecer mayor atención y apoyo académico y emocional personalizado al estudiantado”.
“Existe un consenso de la comunidad escolar que la matricula por salón no debe exceder de los 15 estudiantes”, afirmó Figueroa, profesora en el sistema público del nivel secundario.
Sostuvo, además, que el cierre de escuelas trastoca el derecho a la educación ya que afecta a los sectores más pobres y vulnerables.
“Cerca de una tercera parte del estudiantado del sistema de educación pública se encuentra registrado en el Programa de Educación Especial y en su mayoría participa en el currículo general”, observó.
El licenciado Osvaldo Burgos, en tanto, apuntó que “ante un país con un grave problema de transportación pública, y del alto costo al presente del combustible, cerrar escuelas tiene el efecto de privar el acceso a la educación a quienes carecen de medios de transportación para desplazarse a lugares lejanos a sus comunidades”.
“El cierre de escuelas trastoca el sentido de comunidad que tanto significa para el desarrollo social del país. ¿Qué hacemos con los hijos de madres obreras o de mujeres criando solas, cuando no haya clases y ahora van a estar lejos de sus redes de apoyo para cuidarlos, llevarlos y traerlos? Es una pregunta que imprescindible que se tiene que contestar por el ministerio público”, insistió Burgos.
La psicóloga clínica Ángeles J. Acosta afirmó que la “preocupación por el desplazamiento de los estudiantes a una comunidad escolar desconocida particularmente de nivel intermedio y superior de su comunidad escolar y el impacto de este en su bienestar emocional en una etapa compleja donde el pertenecer a grupo de amigos es una tarea crucial de la adolescencia”.
“Las y los estudiantes podrían confrontar problemas de adaptación en el contexto nuevo por lo que se hace necesario contemplar servicios de apoyo emocional de prevención y de intervención psicológica”, manifestó.
Para la psicóloga clínica, la decisión de cierre, consolidación, traslado deber ser tomada por la comunidad de estudiantes, docentes y personal administrativo y no de forma unilateral del Departamento de Educación.
“Se hace crucial tomar en consideración las comunidades con problemas históricos entre ellas ya que los estudiantes podrían exponerse a situaciones de violencia”, indicó la Dra. Acosta.
El licenciado Burgos dijo que otra área de preocupación es que las y los estudiantes, particularmente las niñas, que tengan que desplazarse a pie desde sus comunidades estarían expuestos a depredadores u ofensores sexuales en el trayecto por lo que se propone dar una mirada al registro de ofensores sexuales.
“Se les prohíbe a estas personas en el registro vivir cerca de las escuelas, pero ahora vamos a poner a les menores a pasar por donde viven. Nos preocupan además la seguridad de las comunidades Lgbtiqa+ que ya han logrado unos espacios de equidad o de protección en sus planteles escolares, ahora (al tener que ir a otras escuelas) pueden sufrir agresiones o abusos”, ratificó Burgos.
